El problema que desde los juzgados madrileños se denuncia es que demasiadas veces la calidad es muy deficiente, lo cual revela una evidente falta de profesionalidad. Estas empresas privadas parecen no ser conscientes de que la interpretación que sus trabajadores hacen cuando el juez desconoce el idioma de la víctima o el acusado influye en decisiones tan importantes como dejar en libertad o en arresto a una persona.

La Comunidad de Madrid admite que no hay unos estándares mínimos de calidad establecidos, así como ninguna premisa que permita evaluar la cualificación de los intérpretes empleados. No obstante, se escuda en que es imposible cubrir con personal propio toda la demanda lingüística, dada la cantidad de idiomas y dialectos que se hablan en la actualidad.

Por su parte, los intérpretes contratados por la Comunidad de Madrid demandan que se aumente la plantilla alegando que «no tiene explicación lógica que, por ejemplo, únicamente haya un traductor de chino, otro de árabe y ninguno de ruso», lo cual obliga a dejar esta combinación lingüística en manos de empresas externas que muchas veces no poseen la cualificación necesaria y, para colmo, no siempre pagan a sus trabajadores.

Los coordinadores del Servicio de Orientación Jurídica del Turno de Oficio y del servicio de atención Jurídica de Menores reivindican que la presencia de un intérprete cualificado es «un derecho» tanto de las víctimas como de los detenidos. Varias veces se han tenido que aplazar audiencias por retrasos o porque era incuestionable el escaso conocimiento del idioma por parte del propio intérprete.

Desde Pafelingua queremos hacernos eco de estas quejas y denuncias, y posicionarnos al lado de los más débiles: los intérpretes y las víctimas o acusados que en algún momento se han visto perjudicados por esta situación. La justicia debe de ser rápida y, cuando se obstruye por este tipo de cosas, deja de ser justa.

Escrito por Ana Gutiérrez González