Gran parte del trabajo de traductores e intérpretes se desarrolla en entornos donde se ponen en juego derechos esenciales: tribunales, hospitales, oficinas de asilo, servicios sociales o centros educativos. En todos ellos, garantizar una comunicación clara, precisa y efectiva resulta imprescindible para que cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos: el derecho a la defensa, a la salud, a la información o a la protección. En este sentido, la ética profesional deja de ser una lista de normas abstractas para convertirse en una verdadera capa de protección de los derechos humanos.

Confidencialidad, dignidad y derecho a la verdad

La confidencialidad constituye uno de los pilares de la ética en traducción e interpretación. Está directamente relacionada con el respeto por la vida privada, la seguridad y la dignidad de quienes confían en nuestro trabajo. Cuando una persona recurre a un servicio de interpretación para relatar una situación de violencia, persecución o enfermedad, no solo comparte información, sino que también deposita su confianza en el intérprete.

Asimismo, la fidelidad al mensaje y el rigor terminológico están íntimamente ligados al derecho a recibir información veraz y comprensible. Un error de matiz en la traducción de una sentencia, una ambigüedad en un consentimiento informado o el uso inexacto de un término técnico pueden tener graves consecuencias a la hora de adoptar decisiones médicas, legales o administrativas.

Imparcialidad, no discriminación y acceso igualitario

La imparcialidad del traductor o intérprete es clave para garantizar un trato igualitario a todas las partes en cualquier proceso. Mantener una posición neutral —sin alterar el contenido ni el tono del mensaje— ayuda a erradicar las discriminaciones y los desequilibrios de poder, sobre todo cuando existe una brecha lingüística.

Este compromiso ético se alinea con los principios de igualdad y no discriminación presentes en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Garantizar la participación de intérpretes cualificados, evitar la improvisación y respetar las lenguas de origen de los usuarios son medidas que contribuyen a que el idioma no se convierta en una barrera de acceso a la justicia, la salud o la información.​

El papel de las empresas en la defensa de los derechos humanos

Las empresas de traducción e interpretación desempeñamos un papel decisivo en la aplicación de estos principios. Desde la selección de profesionales formados y especializados en ámbitos como el jurídico, sanitario o social, hasta la implantación de protocolos de actuación en contextos sensibles, cada decisión refleja un compromiso real con los derechos humanos.

La formación continua en ética y derechos humanos, junto con la colaboración con ONG, instituciones públicas o proyectos pro bono, refuerzan ese compromiso más allá de la teoría. El 10 de diciembre nos recuerda que la calidad lingüística y la ética profesional no son solo un valor añadido, sino una responsabilidad con impacto directo en la vida de las personas.